El 18 de junio de 2024, el Presidente Biden dio a conocer dos importantes políticas de inmigración destinadas a proporcionar un estatus legal a los inmigrantes indocumentados de larga data.
La primera política permite cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses solicitar la "libertad condicional en el lugar", que les protege de la deportación y les ofrece un camino más fácil hacia la residencia permanente. Esta política podría beneficiar hasta a 500.000 cónyuges y 50.000 hijastros de ciudadanos estadounidenses. La "libertad condicional en el lugar" se ha utilizado anteriormente para los familiares del personal de las fuerzas armadas, y ahora se extiende a una población más amplia, aliviando la carga de las familias que se enfrentan a la amenaza de la separación.
La segunda política se centra en facilitar las solicitudes de visado para los beneficiarios de DACA y los graduados universitarios indocumentados. Al actualizar las directrices sobre las exenciones "212(d)(3)", la administración pretende eliminar el riesgo de la prohibición de reingreso de 10 años para estas personas. Este cambio podría afectar significativamente a más de 400.000 estudiantes indocumentados matriculados en colegios y universidades de EE.UU., proporcionándoles mejores oportunidades para obtener visados basados en el empleo como los visados H-1B y O.
Aunque estas políticas ofrecen esperanza a muchas familias, también se enfrentan a posibles desafíos legales por parte de grupos como American First Legal. Los esfuerzos de la administración ponen de relieve la urgente necesidad de una reforma integral para abordar los problemas más amplios dentro del sistema de inmigración, incluyendo los duros impactos de las prohibiciones de 3 y 10 años establecidas en 1996. Al eliminar estas barreras contraproducentes, el Congreso puede crear un sistema de inmigración más justo y eficaz.
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